La popular cantante colombiana está buscando las manera para asumir las responsabilidades que la ley española ha estado tratando de imponerle, con el fin de acortar todo el proceso legal que le ha conllevado este caso.
La fiscalía de Barcelona concluyó que entre 2012 y 2014 la cantante Shakira pasó la mayor parte de su tiempo en España, por lo que estaba obligada a pagar en ese país los impuestos, la prueba de ello fueron sus tarjetas de crédito, visitas a establecimientos y las fotos que ella misma compartió a través de sus redes sociales, además, de la casa que compró en 2012, el alquiler de un estudio de grabación y el seguimiento del embarazo de su primer hijo en una clínica privada en la ciudad española.
Shakira por su parte, quiere ponerle fin a su batalla legal, por lo que ha decidido cambiar de estrategia y su equipo de abogados ya buscan un pacto con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía española, con el objetivo de evitar la cárcel y alargar aún más el juicio.
Según se mencionó, Shakira no quiere someterse a un juicio extenso, en el que estaría expuesta públicamente y le generaría una gran presión mediatica. Es por eso que sus defensores han extendido un certificado de residencia en Las Bahamas, pero la inspectora que está llevando el caso consideró que no iba nunca hacía ese país.
Los magistrados españoles la acusan de un fraude de 14,5 millones de euros y está previsto que la Fiscalía haga oficial su acusación de manera escrita antes de que termine el mes de agosto, según las autoridades judiciales del país Europeo.
Por ahora, los asesores legales de Shakira están arreglando todo con máxima discreción, por lo que si logran el acuerdo, el juicio será en privado y la popular estrella colombiana solo tendrá que admitir en voz alta sus delitos y escuchar a un juez dictarle libertad.